ANDALUCÍA
Migraciones

Andalucía y Canarias reclaman un cambio legislativo para que el Estado asuma la tutela inicial de los menores migrantes

Defienden que el colapso de las comunidades fronterizas se resolvería si es el Gobierno el que asume la responsabilidad y distribuye a los menores de forma proporcional entre las comunidades

Juanma Moreno y Fernando Clavijo, durante el encuentro celebrado este miércoles en el Palacio de San Telmo.
Juanma Moreno y Fernando Clavijo, durante el encuentro celebrado este miércoles en el Palacio de San Telmo.JOSÉ MANUEL VIDALEFE
Actualizado

Andalucía y Canarias reclaman al Gobierno un cambio legislativo para que el Estado asuma la tutela inicial de los menores migrantes y evitar así el "colapso" que sufren las comunidades fronterizas. Los presidentes andaluz, Juanma Moreno, y canario, Fernando Clavijo, han firmado hoy un protocolo de colaboración entre ambas comunidades autónomas que sufren de forma muy parecida la presión de la inmigración ilegal por su situación geográfica.

Según han explicado durante una comparecencia conjunta, el Gobierno y las instituciones del Estado tienen que asumir la tutela en primera instancia para, con posterioridad, realizar un reparto proporcional de los menores de edad entre las diferentes comunidades autónomas.

Son organismos del Estado como Salvamento Marítimo o los servicios de Extranjería quienes participan en la recepción de esos migrantes y, por tanto, debe ser el Gobierno el que asuma la tutela y realice las pruebas biométricas que sirven para determinar la edad de los jóvenes que llegan hasta las costas españolas de forma irregular.

Sin embargo, actualmente, son las comunidades fronterizas como Andalucía o Canarias las que se encargan de atender a los menores y las que ven sus servicios colapsados cuando se producen llegadas masivas como las que ha vivido en los últimos meses Canarias.

El presidente del Gobierno canario cree razonable que la comunidad asuma la responsabilidad cuando se retira la tutela a una familia o se produce cualquier situación de desamparo, pero no cuando se produce "la llegada de 5.500 menores" de forma no planificada.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía considera que es responsabilidad del Gobierno atender a esos menores y establecer modelos de reparto proporcionales, con los recursos financieros que corresponda, para evitar el colapso de los servicios. Moreno cree que la política migratoria del Gobierno de Sánchez ha estado plagada de "bandazos" y está "poco o nada planificada". "Se ha instalado el sálvese quien pueda, que perjudica a las comunidades que por su situación geográfica tienen fronteras con África". "Las comunidades estamos dispuestas a cooperar pero necesitamos una hoja de ruta, transparencia en la gestión y que el Gobierno ejerza liderazgo en unas políticas migratorias que son de Estado", ha insistido Moreno, que reclama un cambio legislativo para evitar el "caos" de los últimos meses.

Menores "camulflados"

Andalucía denunció hace dos semanas que, en el reparto que el Gobierno había realizado por la península de miles de extranjeros llegados a las costas de Canarias también había cientos de menores "camuflados".

Solo a la comunidad autónoma andaluza han llegado en los últimos meses cerca de 200 extranjeros menores de edad en los convoyes organizados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las ocho provincias, aunque la cifra podría rozar los 300 a medida que se sigan realizando pruebas para comprobar su edad. El resultado es que todos estos menores han tenido que ser acogidos por la Junta de Andalucía con recursos propios y el sistema corre "el riesgo de colapsar", según la Consejería de Inclusión Social.

La titular de esta Consejería, Loles López, se ha dirigido por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que le reclama la financiación que tendría que haber llegado si los menores hubiesen sido trasladados como tales y no como adultos.

Por ahora, son 187 los confirmados y los que han tenido que ser alojados en los distintos centros que tiene Andalucía, pero hay otros 97 casos de migrantes que son sospechosos de tener menos de 18 años y que, en ese caso, tendrían que pasar también al cuidado de la Junta. Serían, entonces, 284 los menores trasladados dese Canarias por el Gobierno central a la comunidad andaluza que, oficialmente, eran mayores de edad.