La decisión de un ex alto cargo de la Consejería de Salud de fichar por el grupo sanitario Asisa ha abierto un debate en el seno del gobierno autonómico sobre las "puertas giratorias" y las restricciones impuestas a quienes han ejercido algún tipo de responsabilidad pública y desean regresar al mercado privado.
Juanma Moreno plantea ahora una reforma de Ley Andaluza de Incompatibilidades que permita relajar o, cuanto menos, afinar las condiciones establecidas actualmente para dar más facilidades a quienes, no siendo funcionarios, tienen que buscarse la vida en la empresa privada al término de su paso por la política.
Según ha explicado el propio presidente de la Junta, sería necesario reformar la ley actualmente vigente para o bien reducir el régimen de incompatibilidad o bien aumentar el periodo de cesantías en línea con lo que prescribe la ley estatal para los altos cargos de la administración central.
El presidente considera que no se pueden cerrar las vías de reincorporación al mercado de trabajo a quienes han ejercicio una responsabilidad en la administración pública pero carecen de plaza de funcionario.
En un encuentro informativo organizado por los medios del Grupo Prisa en Sevilla, Moreno ha detallado que la reforma puede conducirse de dos maneras: o bien se reduce el periodo en el que se aplica el régimen de incompatibilidades (dos años actualmente) o bien se le ofrece al ex alto cargo afectado por esas restricciones una extensión de la cesantía (remuneración mensual) mientras dure la situación de incompatibilidad, como sucede en la administración del Estado. Actualmente, los altos cargos de la Junta cobran una cesantía equivalente a un mes de sueldo por cada año en el cargo, hasta un máximo de 12 meses. Si se acepta la segunda vía de la reforma, ese máximo se establecería en 24 meses.
La actual Ley de Incompatibilidades de la Junta de Andalucía procede de un texto aprobado en el Parlamento andaluz en 2005, que fue modificado por el anterior gobierno del PP y Cs en 2021 y también por el Gobierno del PP (en solitario) en 2023. Juanma Moreno reconocía este miércoles que el texto de la ley actual, aunque fue refrendado por su ejecutivo y aprobado en el Parlamento con el apoyo del PP y Ciudadanos, resulta "incompleto". La ley "no es buena", resulta "un tanto extraña" y es fruto de la falta de experiencia "en campo real". Y, "cuando las cosas no funcionan, se cambian, aunque haya salido de un gobierno de PP y Cs", ha afirmado el presidente.
El presidente de la Junta ha resaltado la aparente incongruencia de que un alto cargo no pueda regresar al sector privado durante dos años. Pero la ley actual no dice eso exactamente. Lo que apunta es que no puede fichar por una empresa que reciba contratos de la administración y del departamento en el que ha ejercido sus responsabilidades. Cierto es que, en el caso del sector sanitario, la mayoría de las empresas trabajan o han trabajdo en algún momento a través de conciertos con la administración.
Hace falta "clarificar" la ley para que el ejercicio de los altos cargos por parte de personas que proceden del sector privado sea "más transparente" y "riguroso", ha apuntado Moreno.
El fichaje de un ex viceconsejero
El debate sobre el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta se reabrió tras conocerse el fichaje por parte de Asisa del que fuera hasta finales de diciembre viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán.
Un informe realizado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta reconocía que Guzmán, que también había sido previamente gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), había adjudicado hasta14 contratos con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora Asisa entre noviembre de 2019 y junio de 2022.
Los contratos no llevaban su firma pero sí la del director general de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación expresa de Guzmán. Por tanto, "de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos", concluye el informe interno.
El documento señala también que la situación de incompatibilidad concluiría el 29 de julio de 2024, ya que ésta se deriva de su cargo como gerente del SAS (puesto que abandonó el 29 de julio de 2022) y no como viceconsejero, que es el último cargo ejercido en el Gobierno andaluz.