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La Generalitat limita el consumo del agua a los turistas como medida contra la sequía. El Gobierno presidido por Pere Aragonès ha aprobado hoy un decreto que modifica el Plan especial de sequía con esta medida, además de otras que afectan a las piscinas, las desalinizadoras privadas y el régimen sancionador por el incumplimiento de las actuales restricciones.
Tras varias semanas de debate, el Ejecutivo catalán fija por primera vez umbrales de consumo por plaza para los establecimientos de alojamiento turístico. Los municipios que lleven tres meses consecutivos incumpliendo las dotaciones máximas en el uso del agua estarán obligados a aplicar esta restricción al turismo.
Estos límites serán los mismos que están estipulados para los habitantes de cada población. De este modo, la actividad turística tendrá un tope de 200 litros diarios por plaza en la fase de excepcionalidad o de 100 litros en el primer nivel de la fase de emergencia, la que está vigente en las áreas más pobladas de las provincias de Barcelona y Girona desde el mes de febrero. En el segundo nivel de emergencia, en el que entraron a principios de marzo 12 localidades gerundenses, el consumo máximo es de 90 litros al día.
Refugios climáticos
El Ejecutivo catalán permitirá que las piscinas públicas y privadas puedan llenares y rellenarse si cumplen la función de refugios climáticos, es decir, que estén abiertas a todos los ciudadanos. Según ha explicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, las de titularidad privada serán, en su mayoría, las que están ubicadas en establecimientos turísticos o las comunitarias.
Los ayuntamientos podrán etiquetar las piscinas de sus municipios como refugios climáticos, en sus planes de emergencia por sequía, si lo consideran "necesario o imprescindible para reducir los efectos de las altas temperaturas".
Las piscinas censadas podrán rellenarse si se cumplen medidas compensatorias de ahorro. Las que no funcionen como refugio climático no podrán volverse a llenar, tal y como establece el Plan de sequía en la actual fase de emergencia, que afecta a la mayor parte de la población catalana (seis millones de personas) desde hace más de dos meses.
Desalinizadoras
Asimismo, el Govern aprueba un régimen especial para regular "las aportaciones de recurso hídrico que hagan al sistema las desalinizadoras portátiles de titularidad privada". Es el caso de la promovida por un grupo de hoteleros de Lloret de Mar (Girona).
Régimen sancionador
Por otra parte, el régimen sancionador introduce una modificación en que las multas por infracciones tendrán carácter trimestral y no mensual, como hasta ahora, para que "la valoración sea más dilatada en el tiempo".