El FMI insta al Gobierno a reducir la pensión inicial de los jubilados: "Son muy superiores a las de los países comparables"

«Las tasas de reemplazo» en España, esto es, las pensiones iniciales respecto al último sueldo, «son significativamente superiores a las de los países comparables». Por eso, para asegurar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, el Gobierno debe «considerar» el recortar estas tasas, que no es otra cosa que reducir la pensión inicial de los jubilados.

Esta una de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye en su revisión a la economía española, en el marco del denominado Artículo IV que ayer publicó, y que se lograría «mediante una extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa». A más años, menor cuantía de la pensión.

«El último informe de pensiones de la OCDE estima que en España, una persona de 22 años y con un salario medio que empiece a cotizar en 2022 puede jubilarse a los 65 años con una tasa de sustitución neta del 86,5%. Esta cifra contrasta con la media no ponderada de los 15 países de la zona euro, que es del 69,7%, con una edad media de jubilación prevista de 66,5 años», confirma a EL MUNDO el jefe de la misión de FMI para España, Romain Duval.

El organismo, además, propone «seguir subiendo la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante acciones de espectro más amplio», y no olvida la opción de «elevar las cotizaciones sociales». Ante esta última posibilidad, sin embargo, advierte de que se debe tener en cuenta que «elevaría los costes laborales y podría afectar al empleo» por lo que «es importante evitar una dependencia excesiva» de la misma.

Todas las medidas, en cualquier caso, parten de la base de que el FMI considera que serán necesarios ajustes adicionales en el futuro para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y esto podría suceder dentro de menos de un año.

La segunda parte de la reforma de las pensiones del anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, contemplaba lo que se denominó una cláusula de salvaguarda, que estipulaba que a partir de marzo de 2025 -y desde ese momento cada tres años- la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hará una evaluación para medir si la evolución de los ingresos del sistema y de sus gastos cumple con ciertos parámetros ya definidos. Si no fuera así y la AIReF detecta un desajuste, el Gobierno hará una propuesta de medidas para solucionarlo que será analizada por la Autoridad, negociada con agentes sociales y con el Pacto de Toledo y después votada en el Parlamento.

Aunque no está predefinido a qué medidas debería recurrir, la propia reforma ya aludía a la subida de las cotizaciones sociales como primera opción, al hablar de «una propuesta para corregir, de forma equilibrada, el exceso de gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa». De hecho, el decreto recoge que si esas medidas no fueran suficientes, se aumentará directamente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El MEI es una sobrecotización que pagan todos los trabajadores y empresas desde 2023 y cuya recaudación se destina a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comúnmente llamado hucha de las pensiones, y en el que el Gobierno quiere acumular fondos para cuando lleguen los peores momentos para el sistema cuando, en torno al año 2050, se haya jubilado la numerosa generación del baby boom.

Esta se une a otras medidas de ingresos previstas, como la cuota de solidaridad que gravará a los salarios más altos y que empezará a aplicarse el próximo año. Estos recursos se utilizarán para financiar un gasto creciente derivado de que cada vez habrá más pensiones, serán más altas y, además, se revalorizarán por ley con el IPC.