Un año después de las promesas para introducir 183.000 viviendas más en el parque público, el Gobierno ha decidido meter una marcha más para encarar la madre de todos los problemas que tiene el problema de acceso a la vivienda en España: la falta de oferta. La reunión de casi tres horas que el Ejecutivo mantuvo ayer con una amplia representación del sector inmobiliario y financiero nacional consiguió dejar moderadamente satisfechas a todas las partes y se saldó con una doble apuesta de futuro: la promoción y la construcción industrializada, por una parte, y la buena voluntad de los propietarios particulares, por otra.
Según cálculos de la patronal constructora CNC, se necesita un ritmo de construcción de 150.000 viviendas anuales en el país para aliviar los problemas del mercado inmobiliario. Algo que sólo podría intentarse con un "sprint de oferta", como lo definió ayer la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
Desde La Moncloa, Rodríguez repitió algunos mensajes que ya son habituales en sus intervenciones, como la necesidad de colaboración público-privada o el compromiso de su Ministerio y del presidente, Pedro Sánchez, con el sector. Sin embargo, la principal novedad del encuentro fue el compromiso firme de modificar la orden ECO 805/2003 de 27 de marzo para agilizar los procesos de promoción y construcción de obra nueva.
Se trata de una reivindicación que ya había trasladado el sector promotor y constructor al ministro Carlos Cuerpo, por eso el anuncio ayer de que tramitarán una orden ministerial para su cambio resultó una grata sorpresa para una parte de los convidados al encuentro en Moncloa.
El cambio persigue facilitar la financiación de los promotores con una primera licencia -que en lugares como Madrid se denomina licencia básica- que permite la construcción de hasta un 70% del edificio hasta que se tramita la licencia de obra definitiva. El proceso podría reducir entre 9 y 12 meses el proceso.
Hasta ahora, algunas tasadoras con las que se encuentran las promotoras al solicitar el crédito emiten una advertencia porque sólo exista la licencia básica (y no una de obra), mientras que otras tasadoras emiten un condicionante; en este último caso, el banco no concede el préstamo porque si el condicionante llega a cumplirse, esto es, si no se acaba otorgando la licencia de obra, el préstamo queda anulado. La nueva versión de la norma ECO facilitará la advertencia y hará que la licencia primera sea irrevocable, algo que en el sector promotor y constructor consideran "fundamental". "Es una medida que agilizará las concesiones de licencia de la edificación sin precedentes", dijo ayer Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal APCEspaña, tras el encuentro.
La modificación normativa también garantizará la trazabilidad de las viviendas que se construyen de forma industrializada para favorecer, de nuevo, que las entidades concedan más fácilmente hipotecas para la compra de este tipo de apartamentos. De nuevo, en el sector han acogido positivamente el cambio porque consideran que ayudará a potenciar esta forma de construir en España y servirá para paliar el problema de escasez de mano de obra que atenaza al sector desde hace años.
En esta línea, el Gobierno ha acordado una iniciativa conjunta con la patronal constructora CNC para atraer mano de obra joven, extranjera y femenina al sector, tradicionalmente muy masculinizado. En este sentido, su presidente, Pedro Fernández-Alén, defendió ante Sánchez la necesidad de prestigiar la imagen del sector e incentivar "la incorporación de mujeres, jóvenes y migrantes, además de un Plan de Choque en formación para aliviar la falta de mano de obra".
La otra gran apuesta del Gobierno y del Ministerio de Vivienda para afrontar la escasez de oferta son los pequeños propietarios y propietarias. "Les necesitamos", exhortó también ayer Isabel Rodríguez en un llamamiento no resultó menos sorprendente. Principalmente, porque una parte de la estrategia del Ejecutivo se fía a la buena voluntad de los particulares para que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler asequible. "El Gobierno y el Ministerio de Vivienda van a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías", dijo Rodríguez, sin detallar cuáles más allá de los que ya contempla la Ley de Vivienda en vigor.