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La ONU ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que el Ejecutivo convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón tras el "contundente" informe de la ONU y desde esta autonomía advierten que el informe, con "bulos", es fruto de la "política de trincheras" de Sánchez.
Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia" que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos", en materia de preservación de la memoria histórica de "las graves violaciones de derechos humanos".
Según explican, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen".
El informe también apunta a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, han recordado que es deber de "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, "cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos".
"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas", expresan en el texto los relatores de la ONU. Estas leyes, propuestas o aprobadas, "obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Con este informe, Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobada por PP y Vox en Aragón y que están en trámite en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.
"Política de trinchera" de Sánchez
La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha atribuido este viernes los "graves errores" que, ha dicho, contiene el informe elaborado por tres relatores de la ONU sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática a "la política de trinchera" del Gobierno de España de Pedro Sánchez.
En rueda de prensa, Vaquero ha aseverado que el informe "contiene bulos", recalcando que en Aragón no se ha aprobado ninguna Ley de Concordia, sino que se ha derogado la Ley de Memoria Democrática, "que divide y deja a un lado a una buena parte de los aragoneses". El Plan de Concordia estará listo hacia el próximo mes de junio.
También ha dicho que el mapa de fosas es anterior a la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó en 2018, ha subrayado que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024 recoge un incremento de un 10 por ciento del presupuesto para exhumaciones.
Satisfacción en el Gobierno
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno de España convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón tras el "contundente" informe de la ONU sobre la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de la CCAA y las llamadas leyes de concordia de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación para valorar la respuesta remitida al Gobierno de España por parte de los relatores de la ONU, donde agregó que por el momento sólo se convocará a Aragón por ser la única que ha aprobado dicha ley.
Torres explicó que el objetivo de la bilateral es que el texto "entre" en lo que es el respeto a los derechos humanos y vuelva al cauce "de la defensa de las condenas del totalitarismo y de la dictadura".
De igual modo, apuntó que si el Gobierno de Aragón no se quisiera sentar con el Gobierno de España o que si no se pudiera llegar a una acuerdo, el Estado iría al Tribunal Constitucional.
"Y haremos lo propio --continuó-- con las proposiciones de ley de la Comunidad Valenciana y también de Castilla y de León si finalmente son aprobadas".
En cuanto al informe de la ONU, el ministro hizo especial hincapié en que el Gobierno está "satisfecho" con el mismo por la "contundencia" y la "unanimidad" mostrada por los tres relatores que firman el documento porque "se termina materializando lo que nosotros advertíamos, y es que estas leyes van en contra de las condenas internacionales y de los derechos humanos".