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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) abandona el grupo de trabajo creado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal después de que EL MUNDO desvelara este martes la "presión inadmisible" a la que se ha sometido al teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid y la fiscal encargada de despachar la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto a raíz de la filtración de datos confidenciales sobre un pacto de conformidad con el empresario Alberto González Amador.
En un comunicado, la APIF sostiene que "la orden dada por la teniente del Tribunal Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto conocido como la querella presentada por el Colegio de Abogados de Madrid y un particular (pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid) contra la Fiscalía Provincial de Madrid y un fiscal de ésta, en el sentido de que debe informar la inadmisión a trámite de la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a nuestro entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España".
Asimismo, este colectivo de fiscales subraya que "no podemos compartir que en la propia Fiscalía General del Estado, como han informado medios de comunicación, se haya producido, a instancia de la Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, una reunión de los fiscales que están llevando el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con los fiscales que están en posición de querellados en dicho procedimiento. Esto es un comportamiento anómalo que no respecta la debida independencia del/los fiscales del caso".
EL MUNDO ha desvelado este martes que se produjeron tres reuniones en la Fiscalía General para abordar el caso de la querella del novio de Ayuso, teniendo lugar el primer encuentro entre la jefa de la Secretaria Técnica Ana Isabel García León, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría y la fiscal María de la O Silva. Al acudir a la reunión, en la sede de Fortuny, los representantes de la Fiscalía Superior de Madrid se toparon con la sorpresa de que también habían sido citados a la misma los querellados, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto.
En aquel encuentro, el teniente fiscal de Madrid mostró su incomodidad por la insólita situación generada donde se citó a la par a quiénes debían decidir si investigaban a unos compañeros y a los propios fiscales objeto de la querella interpuesta en el TSJM. Ruiz de Alegría dijo entonces a la jefa de la Técnica que se trata de «una presión inadmisible» sobre él y su subordinada.
"Este último acontecimiento, llevado a cabo por el Fiscalía General del Estado, pone de manifiesto, claramente, su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías para el ciudadano, la instrucción de las causas penales", recalca la APIF que pidió la semana pasada a Álvaro García Ortiz que la reforma del Estatuto Orgánico conllevara el blindaje de los fiscales asignados a los casos concretos.
A "la situación provocada ahora, se suma a otros comportamientos del fiscal general, como haber sido condenado por desviación de poder, que, conforme ya hemos expuesto en comunicaciones anteriores hace que, a nuestro juicio, la persona que encarna el puesto de FGE no sea idónea para ello". En conclusión, la APIF anuncia que no va a participar en el grupo de trabajo para elaboración de nuevo Estatuto Orgánico, habiendo sido convocada la próxima reunión para el 7 de mayo.